Economía de América Latina crecerá 2,2% en 2018
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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un contexto externo más favorable y mayor dinamismo del consumo e inversión doméstica favorecerían la expansión de las economías de América Latina y El Caribe en 2018.
Así lo anotó el organismo al entregar su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017, en el que se indica que en 2018 se espera que la economía global se expanda a tasas cercanas a las de 2017 (en torno al 3%) y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas.
El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica (por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%; Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%).
En América Latina, Panamá será la economía que registrará la mayor tasa de expansión el próximo año (5,5%), seguida de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). Cuba, Ecuador y Venezuela marcarán cifras de 1%, 1,3% y -5,5%, respectivamente, mientras que el resto de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.
En el análisis por subregión, para el próximo año la CEPAL espera un mayor dinamismo en las economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con el 0,8% registrado en 2017). Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de crecimiento de 3,6%, por encima del 3,3% de 2017. En tanto, para el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,5% para 2018 (comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños.
Como recomendaciones, la CEPAL indica que es necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social (como son la infraestructura, protección social, salud y educación) y aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de incentivos fiscales para políticas industriales, además de mejorar los mecanismos de gestión de gasto público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras medidas.
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